El estado de alarma como aviso ante los conflictos laborales

 

España estuvo ayer Sábado en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. La justificada huelga salvaje de los controladores aéreos, causada por el decreto ley del día anterior en el que pierden gran parte de los derechos laborales adquiridos estos años, paralizó el espacio aéreo español. A las 13:00 del sábado, tal como se publicaba en el BOE, los controladores quedaban movilizados y bajo las órdenes de la autoridad militar. El régimen político dispuso, así mismo, de prácticamente todos los medios de comunicación para difundir el caos y el odio hacia los controladores, a los que se les acusaba de ser causantes de la situación. Ya no cabe duda, a estas alturas, que el estado de alarma ha sido un toque de atención no sólo hacia los controladores, sino hacia toda la clase trabajadora. Una medida que sienta precedente: el estado podrá disponer del ejército y de los medios de comunicación para derrotar cualquier reivindicación laboral.

El pasado viernes, a las 23:00, el ejecutivo organizó la militarización del control aéreo. Coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los aeropuertos civiles para asumir el mando, mientras soldados de la Unidad de Emergencias (UME) patrullaban por los principales aeropuertos españoles. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba explicaba que "si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia", castigado con penas de prisión. Al día siguiente la Guardia Civil obligó, a punta de pistola, a trabajar a los controladores, amenazándoles con ir a prisión (1).

Paralelamente se orquestaba la campaña mediática de desprestigio contra los controladores aéreos. Los informativos y los medios escritos repetían constantemente las mismas noticias de caos y desesperación, culpando a los trabajadores de los controles aéreos, mostrando imágenes y contando historias personales llenas de sentimentalismo lacrimógeno para influir en los lectores y telespectadores. El "argumento" era que los controladores no tenían derecho a hacer huelga, y la idea ha calado en la población. Es decir, se volvía a criminalizar a un sector laboral por ejercer el derecho básico a hacer la huelga, tal como ocurriese con los trabajadores del metro de Madrid el pasado verano. Lo que no explicaron fue que debido al decretazo se negaba de facto y legalmente el derecho a huelga de los controladores, con servicios mínimos superiores al 120%, lo que les dejaba como única salida la huelga a través de las bajas por enfermedad. El sindicato USCA representa a la mayoría de controladores aereos, por encima del 95%, y es el que ha actuado en plena soberanía y legitimidad.

El estado de alarma sienta un precedente y sirve de aviso a los trabajadores. La excusa del estado de sitio a causa de un supuesto peligro para la movilidad de las personas y mercancías en el estado (sic) es pueril y encierra su verdadera intención. A partir de ahora cualquier reivindicación laboral podría ser aniquilada por el ejército en 24h, a base de decretos ley y violando todas las normas básicas del derecho laboral. Bajo el pretexto del peligro para la movilidad, cualquier movilización de los trabajadores de otros sectores como los ferroviarios podrían tener las mismas consecuencias, pero no sólo ellos. Curiosamente el ferroviario es otro sector que se está privatizando, y ahí está la clave: el estado está vendiendo lo poco que queda de la empresa pública en detrimento tanto de los trabajadores como de los consumidores.

Todos aquellos que se opongan a cualquier recorte o vulneración de sus derechos laborales estarán sobreavisados con este estado de alarma. Y lo que es peor, la población civil, la ciudadanía, la clase trabajadora, alienada y puesta en contra de sus propios intereses. Y es que todo esto pone sobre la mesa otra de las estrategias derivadas del ataque contra la clase trabajadora: dividir y enfrentar a los distintos sectores laborales para vencer y seguir legislando en contra de ella. Y lo están consiguiendo.

Diego Morales

(1) http://www.publico.es/espana/350197/la-guardia-civil-obligo-a-algunos-controladores-a-trabajar-a-punta-de-pistola

La privatización del Canal de Isabel II

Hace más de dos años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba su intención de privatizar el 49% del Canal de Isabel II (1). Pese a que aun no se ha llevado a cabo, se ha realizado paralelamente una privatización silenciosa basada en la externacionzación y la subcontratación. El gobierno de Aguirre contrató el pasado mes de Abril al banco BBVA, Rothschild y a Cuatrecasas para realizar las valoraciones y preparar a la compañía de cara a su estreno en los mercados, aunque aun no han presentado el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mes pasado Aguas de Barcelona (Agbar) mostró su interés con una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) (2). Todo parece indicar que no se ejecutará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, para no perjudicar la reelección de Esperanza Aguirre. El Canal de Isabel II es una institución para todos los madrileños, una empresa pública que, a diferencia de otras privadas, sí tiene beneficios. Peligran los puestos de trabajo, la calidad del agua, el propio servicio público de importancia básica y uno de los ejemplos prácticos de la superioridad económica y de gestión pública frente a la privada.

Desde hace algunos años se están sustituyendo puestos de trabajo internos del Canal de Isabel II por una subcontratación que significa, de facto, el primer paso de una privatización silenciosa. La externalización de la mayoría de los servicios del Canal ha eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apenas se sacan a oposición plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja. Se está sustituyendo la propia configuración laboral de la empresa, adecuandola a un modelo de empresa totalmente privada, en perjuicio de los propios trabajadores y de los ciudadanos que querían optar a un puesto de trabajo en una empresa supuestamente pública. La mediación de contratas es mucho más cara e ineficaz porque supone un gasto superior por cada obra y cada empleado, por lo tanto no hay razón socio-laboral válida para la privatización.

Además la subcontratación y externalización conllevarían un empeoramiento del propio servicio público y de la calidad de las aguas y del abastecimiento, ya que las contratas anteponen el beneficio privado al servicio público, reduciendo costes de producción, de mantenimiento y las inversiones de carácter medioambiental que el Canal de Isabel II ha llevado a cabo algunos años. La gestión de un servicio público tan esencial como el agua no puede depender ni subyugarse a los vaivenes del mercado, inestable ante cualquier crisis -como la financiera. La quiebra de una empresa privada del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro de agua potable para la ciudadanía, lo que sería una catástrofe difícil de calcular. 

Tendría, así mismo, un nefasto impacto en el consumo de agua, cuestión tan importante en una cada vez más desértica España. Las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, que lleva a cabo el Canal de Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, serían incompatibles con la condición de empresa privada y la política de máximo beneficio empresarial, que incentivaría y dispararía el consumo, con un elevado impacto medioambiental y social que un país como España no podría soportar.

El Canal de Isabel II es una empresa pública con beneficios, lo que choca con los dogmas de la superioridad de la gestión privada. Grandes ciudades como Paris, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro, además del propio beneficio social. La privatización del Canal significaría por lo tanto una pérdida de empleos, de calidad del agua, del servicio público, de los beneficios económicos para las arcas públicas y una catástrofe medioambiental. El Canal de Isabel II es propiedad de todos y por ello debe ser 100% público como lo ha sido desde hace 150 años.

Diego Morales

(1) 19/09/2008 Aguirre insiste en privatizar el Canal http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/19/madrid/1221816429.html

(2) Agbar quiere participar en la privatización del Canal Isabel II http://www.expansion.com/2010/09/09/empresas/1284042699.html