domingo, 5 de diciembre de 2010

El estado de alarma como aviso ante los conflictos laborales

http://www.cadenaser.com/recorte/20101204csrcsropi_1/LCO668/Ies/Vehiculos-Unidad-Militar-Emergencias-Barajas.jpg 
España estuvo ayer Sábado en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. La justificada huelga salvaje de los controladores aéreos, causada por el decreto ley del día anterior en el que pierden gran parte de los derechos laborales adquiridos estos años, paralizó el espacio aéreo español. A las 13:00 del sábado, tal como se publicaba en el BOE, los controladores quedaban movilizados y bajo las órdenes de la autoridad militar. El régimen político dispuso, así mismo, de prácticamente todos los medios de comunicación para difundir el caos y el odio hacia los controladores, a los que se les acusaba de ser causantes de la situación. Ya no cabe duda, a estas alturas, que el estado de alarma ha sido un toque de atención no sólo hacia los controladores, sino hacia toda la clase trabajadora. Una medida que sienta precedente: el estado podrá disponer del ejército y de los medios de comunicación para derrotar cualquier reivindicación laboral.

El pasado viernes, a las 23:00, el ejecutivo organizó la militarización del control aéreo. Coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los aeropuertos civiles para asumir el mando, mientras soldados de la Unidad de Emergencias (UME) patrullaban por los principales aeropuertos españoles. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba explicaba que "si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia", castigado con penas de prisión. Al día siguiente la Guardia Civil obligó, a punta de pistola, a trabajar a los controladores, amenazándoles con ir a prisión (1).

Paralelamente se orquestaba la campaña mediática de desprestigio contra los controladores aéreos. Los informativos y los medios escritos repetían constantemente las mismas noticias de caos y desesperación, culpando a los trabajadores de los controles aéreos, mostrando imágenes y contando historias personales llenas de sentimentalismo lacrimógeno para influir en los lectores y telespectadores. El "argumento" era que los controladores no tenían derecho a hacer huelga, y la idea ha calado en la población. Es decir, se volvía a criminalizar a un sector laboral por ejercer el derecho básico a hacer la huelga, tal como ocurriese con los trabajadores del metro de Madrid el pasado verano. Lo que no explicaron fue que debido al decretazo se negaba de facto y legalmente el derecho a huelga de los controladores, con servicios mínimos superiores al 120%, lo que les dejaba como única salida la huelga a través de las bajas por enfermedad. El sindicato USCA representa a la mayoría de controladores aereos, por encima del 95%, y es el que ha actuado en plena soberanía y legitimidad.

El estado de alarma sienta un precedente y sirve de aviso a los trabajadores. La excusa del estado de sitio a causa de un supuesto peligro para la movilidad de las personas y mercancías en el estado (sic) es pueril y encierra su verdadera intención. A partir de ahora cualquier reivindicación laboral podría ser aniquilada por el ejército en 24h, a base de decretos ley y violando todas las normas básicas del derecho laboral. Bajo el pretexto del peligro para la movilidad, cualquier movilización de los trabajadores de otros sectores como los ferroviarios podrían tener las mismas consecuencias, pero no sólo ellos. Curiosamente el ferroviario es otro sector que se está privatizando, y ahí está la clave: el estado está vendiendo lo poco que queda de la empresa pública en detrimento tanto de los trabajadores como de los consumidores.

Todos aquellos que se opongan a cualquier recorte o vulneración de sus derechos laborales estarán sobreavisados con este estado de alarma. Y lo que es peor, la población civil, la ciudadanía, la clase trabajadora, alienada y puesta en contra de sus propios intereses. Y es que todo esto pone sobre la mesa otra de las estrategias derivadas del ataque contra la clase trabajadora: dividir y enfrentar a los distintos sectores laborales para vencer y seguir legislando en contra de ella. Y lo están consiguiendo.

Diego Morales

sábado, 4 de diciembre de 2010

Más paro, más precariedad, más pobreza y menos coberturas

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado los datos de los registros del servicio público de empleo estatal del mes de Noviembre. Los datos oficiales difunden la cifra de 4.110.294 parados, sin embargo hay que añadir a esta suma unos 500.000 desempleados que no constan en las estadísticas. Gracias al llamado "maquillaje Caldera" ese medio millón de ciudadanos sin empleo dejan de contabilizar al estar en cursos de formación. Con más de un millón de hogares sin ningún tipo ingreso,  el incremento de la precariedad, la eliminación de la ayuda a los parados de larga duración y en un contexto de privatizaciones de empresas públicas, las expectativas no pueden ser peores.


El número de familias con todos los integrantes en paro y sin ningún tipo de subsidio se ha duplicado respecto al año pasado, concretamente un 108,45% más según los datos de la Encuesta de Población Activa. Además la eliminación de la ayuda de 426 euros para personas en paro de larga duración agravará aun más la situación de los hogares españoles.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal de Noviembre, el paro de Octubre a Noviembre ha afectado especialmente al sector de la agricultura (1,86%) y al de servicios (0,66%). En un mes el colectivo sin empleo ha aumentado un 2,43%, una cifra alarmante tratándose de datos mensuales.

En noviembre de 2010 se han registrado únicamente 108.131 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 8,60% del total, una clara muestra de precariedad masiva, auspiciada por la nueva reforma laboral. Además, de la totalidad de los contratos indefinidos, casi el 40% son a tiempo parcial, concretamente 40.774 frente a 67.347 de tiempo completo. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.135.043 contratos hasta noviembre de 2010, lo cual representa una reducción de 91.544 (-7,46%) sobre el mismo periodo del año 2009.

Ante este panorama desolador el presidente del gobierno se reunió hace poco con los principales empresarios españoles para trazar una hoja de ruta. Pocos días después sus intenciones quedaron claras al iniciar nuevas privatizaciones, lo que afectará negativamente a los trabajadores y a los consumidores. El gobierno del PSOE está legislando en contra de la clase trabajadora, que se precipita a la más absoluta miseria. La puntilla podría ser la reforma de las pensiones prevista para el 28 de Enero según anunció el vicepresidente del Gobierno. Para terminar, un dato contundente: España tiene una tasa infantil del 18,5%, la segunda más alta de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico.
Diego Morales

jueves, 4 de noviembre de 2010

La privatización del Canal de Isabel II

http://www.tercerainformacion.es/IMG/jpg/CANAL_ISABEL_II-2.jpgHace más de dos años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba su intención de privatizar el 49% del Canal de Isabel II (1). Pese a que aun no se ha llevado a cabo, se ha realizado paralelamente una privatización silenciosa basada en la externacionzación y la subcontratación. El gobierno de Aguirre contrató el pasado mes de Abril al banco BBVA, Rothschild y a Cuatrecasas para realizar las valoraciones y preparar a la compañía de cara a su estreno en los mercados, aunque aun no han presentado el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mes pasado Aguas de Barcelona (Agbar) mostró su interés con una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) (2). Todo parece indicar que no se ejecutará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, para no perjudicar la reelección de Esperanza Aguirre. El Canal de Isabel II es una institución para todos los madrileños, una empresa pública que, a diferencia de otras privadas, sí tiene beneficios. Peligran los puestos de trabajo, la calidad del agua, el propio servicio público de importancia básica y uno de los ejemplos prácticos de la superioridad económica y de gestión pública frente a la privada.

Desde hace algunos años se están sustituyendo puestos de trabajo internos del Canal de Isabel II por una subcontratación que significa, de facto, el primer paso de una privatización silenciosa. La externalización de la mayoría de los servicios del Canal ha eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apenas se sacan a oposición plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja. Se está sustituyendo la propia configuración laboral de la empresa, adecuandola a un modelo de empresa totalmente privada, en perjuicio de los propios trabajadores y de los ciudadanos que querían optar a un puesto de trabajo en una empresa supuestamente pública. La mediación de contratas es mucho más cara e ineficaz porque supone un gasto superior por cada obra y cada empleado, por lo tanto no hay razón socio-laboral válida para la privatización.

Además la subcontratación y externalización conllevarían un empeoramiento del propio servicio público y de la calidad de las aguas y del abastecimiento, ya que las contratas anteponen el beneficio privado al servicio público, reduciendo costes de producción, de mantenimiento y las inversiones de carácter medioambiental que el Canal de Isabel II ha llevado a cabo algunos años. La gestión de un servicio público tan esencial como el agua no puede depender ni subyugarse a los vaivenes del mercado, inestable ante cualquier crisis -como la financiera. La quiebra de una empresa privada del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro de agua potable para la ciudadanía, lo que sería una catástrofe difícil de calcular. 

Tendría, así mismo, un nefasto impacto en el consumo de agua, cuestión tan importante en una cada vez más desértica España. Las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, que lleva a cabo el Canal de Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, serían incompatibles con la condición de empresa privada y la política de máximo beneficio empresarial, que incentivaría y dispararía el consumo, con un elevado impacto medioambiental y social que un país como España no podría soportar.

El Canal de Isabel II es una empresa pública con beneficios, lo que choca con los dogmas de la superioridad de la gestión privada. Grandes ciudades como Paris, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro, además del propio beneficio social. La privatización del Canal significaría por lo tanto una pérdida de empleos, de calidad del agua, del servicio público, de los beneficios económicos para las arcas públicas y una catástrofe medioambiental. El Canal de Isabel II es propiedad de todos y por ello debe ser 100% público como lo ha sido desde hace 150 años.

Diego Morales

(1) 19/09/2008 Aguirre insiste en privatizar el Canal http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/19/madrid/1221816429.html
(2) Agbar quiere participar en la privatización del Canal Isabel II http://www.expansion.com/2010/09/09/empresas/1284042699.html

miércoles, 20 de octubre de 2010

La comunidad judía de Irán

En la República Islámica de Irán viven actualmente más de 30.000 judíos y según la Comisión de Judíos de Irán (CJI) hay 40 sinagogas, de las cuales 23 están activas. Es el único país del mundo cuya Constitución recoge de forma explícita y sin ambages que los judíos tienen derecho a un diputado en el Parlamento, como las otras minorías existentes en el país. Los judíos de Irán han preservado sus tradiciones y viven en este país desde hace más 2.500 años, aunque algunos historiadores se remontan al siglo VI a.C., basados en referencias bíblicas. Sin embargo la prensa internacional y distintos mandatarios occidentales acusan desde hace algún tiempo a Irán, y concretamente a su gobierno, de antisemita.

Estas acusaciones arreciaron durante el trascurso de las jornadas "Revisión del Holocausto: Visión Global" del 2006. Su propósito -contrariamente a lo que publicaron los medios de comunicación occidentales- "no era negar o confirmar el Holocausto", según dijo Manuchehr Mottaki, ministro de Asuntos Exteriores, sino que "era crear la oportunidad para los pensadores que en Europa no pueden expresar libremente sus puntos de vista sobre el Holocausto". Otra prueba de la falsedad de la acusación de antisemitismo es que acudieron y participaron numerosos judíos ortodoxos: "Vinimos aquí para dar el punto de vista ortodoxo judío", dijo el rabino británico Ahron Cohen. Así mismo acudieron miembros de Neturei karta (1), judíos ortodoxos antisionistas.

Un año antes el presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ya había organizado para un grupo de estudiantes la famosa conferencia "The world without Zionism". En esta ocasión los medios de comunicación occidentales optaron por tergiversar las palabras del propio presidente iraní, basándose en errores de traducción del farsí al inglés de la propia agencia IRIB (2). Mahmoud citó al Ayatolá Jomeini: "el imán dijo que el régimen que ocupa Jerusalem debe desaparecer de las páginas de Historia" (3), sin embargo la prensa difundió que Mahmoud había dicho que "Israel debía desaparecer del mapa" ("Israel must be wiped off the map") (4). 

Paralelamente a esta campaña de desprestigio internacional contra Irán respecto al "asunto judío", el gobierno israelí ofreció 60.000 dólares a las familias judías iraníes a cambio de trasladarse a los territorios ocupados de Palestina (5). La respuesta de la comunidad judía de Irán fue contundente: "La identidad de los judíos iraníes no es intercambiable con ningún precio". Morsathegh, director del Hospital Judío de Teherán, explica que "Irán es parte de nuestra identidad, queremos quedarnos aquí y la mayoría no tiene ningún plan de marcharse, sino que desea continuar la vida en su país (...) lo que sucede es que quieren usarnos para atacar a Irán destacando las malas noticias e ignorando las buenas" (6).

La comunidad judía de Irán es, en su mayoría, contraria a la existencia de un estado judío. El presidente de la Comisión de Judíos de Irán (CJI) manifestó en una entrevista ofrecida a un diario ruso que “el Gobierno y el pueblo iraní no reconoce como legal la existencia de Israel, postura que nosotros también compartimos ya que somos ciudadanos de la República Islámica de Irán.” (7). El antisionismo gubernamental en Irán no es, por lo tanto, una máscara antisemita como tratan de difundir los medios occidentales, sino un posicionamiento coherente frente a la existencia del Estado de Israel, compartido por toda la sociedad civil iraní, tanto musulmana como judía.

El origen del respeto recíproco entre la comunidad judía de Irán y el régimen revolucionario iraní está en el Ayatolá Jomeini. El 14 de mayo de 1979, tras una reunión con líderes religiosos judíos, dictaminó que la postura de Irán hacia las minorías religiosas sería la misma que hacia otros miembros de la nación iraní, que "el Islam, en ninguna forma, los discriminaría". Jomeini estableció de forma concisa la diferenciación entre judíos y sionistas, sentando las bases de la política oficial de Irán hasta día de hoy. Los judíos iranís viven en plena libertad, con sus propias escuelas, sinagogas, con representación parlamentaria y son muy respetados por sus compatriotas musulmanes (8), así como por las otras minorías religiosas del país.

Diego Morales

(3) Arash Norouzi explica el origen del "error" http://www.huffingtonpost.com/mark-weisbrot-and-robert-naiman/arash-norouzi-explains-th_b_39069.html [ "the Imam said that this regime occupying Jerusalem (een rezhim-e eshghalgar-e qods) must [vanish from] the page of time (bayad az safheh-ye ruzgar mahv shavad)" ]
(8) Vídeo de un periodista francés con un anticuario judío en Irán http://www.dailymotion.com/video/x9kcvo_heureux-comme-un-juif-en-iran_news

jueves, 7 de octubre de 2010

¿Qué hay detrás del ataque "Anonymous" contra las webs de la SGAE y del Ministerio de Cultura?

http://truconsola.com/wp-content/uploads/2011/05/anonymous-logo.jpgEl miércoles 6 de Octubre a las 18:00 las páginas web de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y del Ministerio de Cultura español han estado inaccesibles durante horas a causa de un ataque coordinado por denegación de servicio, también llamado ataque DDoS (Distributed Denial of Service). Los atacantes son "Anonymous", cibernautas que se coordinan libremente en la Red para realizar acciones concretas, sin líderes ni jerarquías. Enmarcados en la "Operación Payback", tratan de protestar contra el famoso Canon Digital y el cierre de páginas web sin una orden judicial (1). Sin embargo todos estos ataques tienen un trasfondo mayor, una lucha que apunta directamente a las multinacionales de la industria del entretenimiento, a la vez que pone en entredicho el vacío legal respecto a la protección de datos de los internautas y su indefensión frente a las grandes corporaciones.

Las acciones de los "Anomymous" son dispares y no obedecen normalmente a ningún patrón determinado. Se tratan más bien de actos basados en consensos individuales coordinados en la Red, sin estar ligados específicamente a ninguna plataforma concreta, aunque existen portales y foros bastante relacionados con ellos, como 4chan.org, Futaba o Encyclopædia Dramatica. Sus actividades van desde ataques basados en el humor "friki", como en el caso de la web Habbo (2), a reivindicaciones sociales y políticas, como fueron las actuaciones contra las webs del periodista de extrema-derecha Hal Turner (3) o contra la Iglesia de la Cienciología (4) entre otras.

La forma de proceder de estos grupos se basa en el ataque de denegación de servicio DoS (Denial of Service.), o en el ataque distribuido de denegación de servicio DDoS (Distributed Denial of Service). Es un ataque a un sistema que provoca la pérdida de la conectividad de la red por exceso de consumo del ancho de banda de la víctima, saturando los puertos con flujo de información haciendo que el servidor se sobrecargue y le sea imposible prestar ningún tipo de servicio en la Red. Los "Anonymous" utilizan el método DDoS porque el torrente de información se genera desde varios puntos de conexión distintos, de una forma global.

Con la Operación Payback, que ha "tumbado" las páginas web de la SGAE y del Ministerio de Cultura español, reivindican la libertad de compartir cultura a través de la Red y protestan contra el Canon Digital y la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI). Todos los medios de comunicación lo han recogido en sus publicaciones. Sin embargo detrás de esta operación se esconde una contraofensiva cibernética ante un ataque anterior por parte de la empresa ACS:Law, una firma de abogados especializada en leyes de propiedad intelectual, que fue contratada por los grandes lobbies de las industrias del entretenimiento internacional como la Recording Industry Association of America (RIAA, Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos), la Motion Picture Association of America (MPAA, Asociación Cinematográfica de Estados Unidos) o la propia SGAE entre otros.

En un ataque Anonymus anterior, denominado "Operación de compensación”, contra ACS:Law, se filtraron los datos (nombres, Ip´s) de más de 13.000 usuarios de banda ancha que habían sido atacados (mediante DDoS y rastreo de trackers) por ACS:Law por compartir archivos protegidos por derechos de autor, razón por la cual la empresa está siendo investigada por la Oficina del Comisionado de Información (ICO, según las siglas en inglés) (5), ya que estaría vulnerando la ley de protección de datos. Sin embargo esta empresa sigue controlando y espiando a los usuarios de redes P2P, así como cerrando webs sin órdenes judiciales.

Ante esta situación de alegalidad, que en realidad ampara la persecución de los usuarios de internet por parte de grandes compañías de propiedad intelectual, numerosos usuarios de internet se van sumando a los ciberataques Anonymous no sólo como un acto simbólico frente a estas injusticias, sino para llamar la atención de la Justicia respecto a la legalidad o no de los ataques DDoS y la ineficaz ley de protección de datos. Sin embargo tanto la prensa como el propio Ministerio de Cultura tratan de acallar y silenciar este hecho, ya que la propia "ley Sinde" española permite el cierre de páginas web sin orden judicial (6). De ser así esta "ciberguerra" proseguirá, y no hay que desdeñar el potencial Anonymous, al contrario: los ataques anónimos masivos son muchísimos más potentes que los "profesionales".

Diego Morales


(1) En su web:
[October 6th]: SGAE went down hours before planned. Today's next target is www.mcu.es [193.145.24.10]. Official statement to the media:
"Paying the government for digital media is ridiculous. The artist who makes music wants to be paid. Music labels want their fair share for producing, watchdogs want their share and thanks to the Spanish Ministry of Culture, the government assumes an additional profit. The result is an extraordinary high price for music, or a minimal fee for the artist (the one that should be rewarded instead!). The SGAE has as slogan "Believe in culture", while they restrict new creativity by preventing that creativity is shared. They lobbied this Canon Law, which states that suspected piracy websites can be taken down without a court order. This is a danger to freedom of speech, since any site can just be taken down with the excuse that intellectual property is hosted. The "Ministerio of Cultura" should get a message that their current course will only lead to more controversy and protest."
(2) http://www.mysanantonio.com/news/local_news/Net_users_insist_its_joke.html
(3) http://dockets.justia.com/docket/new-jersey/njdce/2:2007cv00306/198438/
(4) http://www.foxnews.com/story/0,2933,325586,00.html
(5) Los datos filtrados de ACS:Law peligran la privacidad de los clientes:
http://news.softpedia.com/es/La-filtracion-de-datos-de-ACS-Law-peligra-la-privacidad-de-los-clientes-158310.html
(6) "No al cierre de webs", portal de información muy completo al respecto.

sábado, 25 de septiembre de 2010

Transexualidad en Irán

http://www.carlaantonelli.com/transexuales%20iran%202.jpgLa República Islámica de Irán posee una de las legislaciones más progresistas y avanzadas del mundo respecto a la transexualidad. En 1983 el líder espiritual de la revolución iraní, el Ayatolá Jomeini, emitió la fatua en la que se reconoce que los transexuales tienen derecho a operarse y a obtener una nueva identidad. Desde entonces los distintos gobiernos de Irán han ido desarrollando y ampliando las políticas sociales y sanitarias de apoyo y protección para con los transexuales. Tras el ascenso de Mahmud Ahmadinejad al poder en 2005, las ayudas a la reasignación de género se han incrementado considerablemente, lo que ha convertido a Irán en un referente internacional.

El Ayatolá Jomeini ya se había pronunciado positivamente sobre los hermafroditas en la década de los 60, pero equiparaba a los transexuales con los homosexuales, hasta que conoció a Maryam Hatton Molkara. “Soy una mujer en un cuerpo de hombre”, le dijo. Jomeini consultó con sus asesores médicos sobre las diferencias entre hermafroditas, heterosexuales y homosexuales, y se pronunció inmediatamente: “Usted nació en el cuerpo incorrecto y este es un asunto médico. No tiene nada que ver con el pecado o ser degenerado, así que tiene derecho a que su cuerpo coincida con su mente, si esto se hace con la intermediación de la Medicina". Poco después emitiría la famosa fatua a favor de los transexuales.

Según las estadísticas oficiales en Irán viven entre 15.000 y 20.000 transexuales, aunque otras fuentes extraoficiales estiman que podrían llegar a ser 150.000. Es, tras Tailandia, el país que más operaciones de reasignación de género realiza en todo el mundo. En los primeros años la operación de cambio de sexo estaba cofinanciada por la seguridad social iraní y la organización de beneficencia del Ayatolá Jomeini, que concedía préstamos sin intereses de hasta 1.000 euros. Hoy en día la operación está completamente cubierta por la sanidad pública, con ayudas otorgadas por el actual presidente Ahmadinejad que ascienden a casi 2.700 euros para la operación en sí, y está estudiando la posibilidad de dar ayudas de más de 3.000 euros para que los operados puedan emprender su propio negocio (1).

La legislación iraní no se limita a la asistencia sanitaria, sino que va mucho más allá. Tras la operación la nueva identidad de género se ve reflejada no sólo en su nuevo carnet de identidad, sino también en las partidas de nacimiento para que no exista ningún tipo de discriminación. A efectos legales y sociales, el nuevo género se convierte sobre el papel en el género de nacimiento.

Occidente sin embargo no cumple con los requisitos mínimos legales y sanitarios respecto al colectivo transexual. En 1989 el Parlamento Europeo instaba a los estados miembro a posibilitar el acceso a las personas transexuales a una asistencia sanitaria integral. En España, uno de los países europeos más avanzados en cuanto a derechos de lesbianas, gays y transexuales, no se ha cumplido más que en las comunidad andaluza, que dispone de una unidad especializada en el hospital Carlos Haya de Málaga, y en la comunidad de Madrid, en el Hospital Ramon y Cajal.

En el 2008 Tanaz Eshaghian(2) presentó "Be Like Others" , un documental sobre la situación de los transexuales en Irán, recibiendo numerosos premios internacionales(3) y el respaldo unánime de la crítica. En España fue emitido en La 2 el 9 Octubre del 2010 en el espacio de "La Noche Temática".


Diego Morales

(1) "It is also proposing loans of up to £2,750 to allow those undergoing surgery to start their own businesses." http://www.guardian.co.uk/world/2007/sep/26/iran.gender

(2) Tanaz Eshaghian es una cineasta judeo-iraní. Su obra gira entorno a la temática homosexual y transexual.

(3) Selección oficial del festival de Sundance, premio del jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín y premio especial en el Festival Internacional de Documental de Tesalónica.