domingo, 5 de diciembre de 2010

El estado de alarma como aviso ante los conflictos laborales

http://www.cadenaser.com/recorte/20101204csrcsropi_1/LCO668/Ies/Vehiculos-Unidad-Militar-Emergencias-Barajas.jpg 
España estuvo ayer Sábado en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia. La justificada huelga salvaje de los controladores aéreos, causada por el decreto ley del día anterior en el que pierden gran parte de los derechos laborales adquiridos estos años, paralizó el espacio aéreo español. A las 13:00 del sábado, tal como se publicaba en el BOE, los controladores quedaban movilizados y bajo las órdenes de la autoridad militar. El régimen político dispuso, así mismo, de prácticamente todos los medios de comunicación para difundir el caos y el odio hacia los controladores, a los que se les acusaba de ser causantes de la situación. Ya no cabe duda, a estas alturas, que el estado de alarma ha sido un toque de atención no sólo hacia los controladores, sino hacia toda la clase trabajadora. Una medida que sienta precedente: el estado podrá disponer del ejército y de los medios de comunicación para derrotar cualquier reivindicación laboral.

El pasado viernes, a las 23:00, el ejecutivo organizó la militarización del control aéreo. Coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los aeropuertos civiles para asumir el mando, mientras soldados de la Unidad de Emergencias (UME) patrullaban por los principales aeropuertos españoles. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba explicaba que "si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia", castigado con penas de prisión. Al día siguiente la Guardia Civil obligó, a punta de pistola, a trabajar a los controladores, amenazándoles con ir a prisión (1).

Paralelamente se orquestaba la campaña mediática de desprestigio contra los controladores aéreos. Los informativos y los medios escritos repetían constantemente las mismas noticias de caos y desesperación, culpando a los trabajadores de los controles aéreos, mostrando imágenes y contando historias personales llenas de sentimentalismo lacrimógeno para influir en los lectores y telespectadores. El "argumento" era que los controladores no tenían derecho a hacer huelga, y la idea ha calado en la población. Es decir, se volvía a criminalizar a un sector laboral por ejercer el derecho básico a hacer la huelga, tal como ocurriese con los trabajadores del metro de Madrid el pasado verano. Lo que no explicaron fue que debido al decretazo se negaba de facto y legalmente el derecho a huelga de los controladores, con servicios mínimos superiores al 120%, lo que les dejaba como única salida la huelga a través de las bajas por enfermedad. El sindicato USCA representa a la mayoría de controladores aereos, por encima del 95%, y es el que ha actuado en plena soberanía y legitimidad.

El estado de alarma sienta un precedente y sirve de aviso a los trabajadores. La excusa del estado de sitio a causa de un supuesto peligro para la movilidad de las personas y mercancías en el estado (sic) es pueril y encierra su verdadera intención. A partir de ahora cualquier reivindicación laboral podría ser aniquilada por el ejército en 24h, a base de decretos ley y violando todas las normas básicas del derecho laboral. Bajo el pretexto del peligro para la movilidad, cualquier movilización de los trabajadores de otros sectores como los ferroviarios podrían tener las mismas consecuencias, pero no sólo ellos. Curiosamente el ferroviario es otro sector que se está privatizando, y ahí está la clave: el estado está vendiendo lo poco que queda de la empresa pública en detrimento tanto de los trabajadores como de los consumidores.

Todos aquellos que se opongan a cualquier recorte o vulneración de sus derechos laborales estarán sobreavisados con este estado de alarma. Y lo que es peor, la población civil, la ciudadanía, la clase trabajadora, alienada y puesta en contra de sus propios intereses. Y es que todo esto pone sobre la mesa otra de las estrategias derivadas del ataque contra la clase trabajadora: dividir y enfrentar a los distintos sectores laborales para vencer y seguir legislando en contra de ella. Y lo están consiguiendo.

Diego Morales

sábado, 4 de diciembre de 2010

Más paro, más precariedad, más pobreza y menos coberturas

El Servicio Público de Empleo Estatal ha publicado los datos de los registros del servicio público de empleo estatal del mes de Noviembre. Los datos oficiales difunden la cifra de 4.110.294 parados, sin embargo hay que añadir a esta suma unos 500.000 desempleados que no constan en las estadísticas. Gracias al llamado "maquillaje Caldera" ese medio millón de ciudadanos sin empleo dejan de contabilizar al estar en cursos de formación. Con más de un millón de hogares sin ningún tipo ingreso,  el incremento de la precariedad, la eliminación de la ayuda a los parados de larga duración y en un contexto de privatizaciones de empresas públicas, las expectativas no pueden ser peores.


El número de familias con todos los integrantes en paro y sin ningún tipo de subsidio se ha duplicado respecto al año pasado, concretamente un 108,45% más según los datos de la Encuesta de Población Activa. Además la eliminación de la ayuda de 426 euros para personas en paro de larga duración agravará aun más la situación de los hogares españoles.

Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal de Noviembre, el paro de Octubre a Noviembre ha afectado especialmente al sector de la agricultura (1,86%) y al de servicios (0,66%). En un mes el colectivo sin empleo ha aumentado un 2,43%, una cifra alarmante tratándose de datos mensuales.

En noviembre de 2010 se han registrado únicamente 108.131 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 8,60% del total, una clara muestra de precariedad masiva, auspiciada por la nueva reforma laboral. Además, de la totalidad de los contratos indefinidos, casi el 40% son a tiempo parcial, concretamente 40.774 frente a 67.347 de tiempo completo. En magnitudes acumuladas, se han realizado 1.135.043 contratos hasta noviembre de 2010, lo cual representa una reducción de 91.544 (-7,46%) sobre el mismo periodo del año 2009.

Ante este panorama desolador el presidente del gobierno se reunió hace poco con los principales empresarios españoles para trazar una hoja de ruta. Pocos días después sus intenciones quedaron claras al iniciar nuevas privatizaciones, lo que afectará negativamente a los trabajadores y a los consumidores. El gobierno del PSOE está legislando en contra de la clase trabajadora, que se precipita a la más absoluta miseria. La puntilla podría ser la reforma de las pensiones prevista para el 28 de Enero según anunció el vicepresidente del Gobierno. Para terminar, un dato contundente: España tiene una tasa infantil del 18,5%, la segunda más alta de la Organización para la Cooperación al Desarrollo Económico.
Diego Morales