El pasado viernes, a las 23:00, el ejecutivo organizó la militarización del control aéreo. Coroneles del Ejército del Aire se trasladaron a las torres de control de los aeropuertos civiles para asumir el mando, mientras soldados de la Unidad de Emergencias (UME) patrullaban por los principales aeropuertos españoles. El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba explicaba que "si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia", castigado con penas de prisión. Al día siguiente la Guardia Civil obligó, a punta de pistola, a trabajar a los controladores, amenazándoles con ir a prisión (1).
Paralelamente se orquestaba la campaña mediática de desprestigio contra los controladores aéreos. Los informativos y los medios escritos repetían constantemente las mismas noticias de caos y desesperación, culpando a los trabajadores de los controles aéreos, mostrando imágenes y contando historias personales llenas de sentimentalismo lacrimógeno para influir en los lectores y telespectadores. El "argumento" era que los controladores no tenían derecho a hacer huelga, y la idea ha calado en la población. Es decir, se volvía a criminalizar a un sector laboral por ejercer el derecho básico a hacer la huelga, tal como ocurriese con los trabajadores del metro de Madrid el pasado verano. Lo que no explicaron fue que debido al decretazo se negaba de facto y legalmente el derecho a huelga de los controladores, con servicios mínimos superiores al 120%, lo que les dejaba como única salida la huelga a través de las bajas por enfermedad. El sindicato USCA representa a la mayoría de controladores aereos, por encima del 95%, y es el que ha actuado en plena soberanía y legitimidad.
El estado de alarma sienta un precedente y sirve de aviso a los trabajadores. La excusa del estado de sitio a causa de un supuesto peligro para la movilidad de las personas y mercancías en el estado (sic) es pueril y encierra su verdadera intención. A partir de ahora cualquier reivindicación laboral podría ser aniquilada por el ejército en 24h, a base de decretos ley y violando todas las normas básicas del derecho laboral. Bajo el pretexto del peligro para la movilidad, cualquier movilización de los trabajadores de otros sectores como los ferroviarios podrían tener las mismas consecuencias, pero no sólo ellos. Curiosamente el ferroviario es otro sector que se está privatizando, y ahí está la clave: el estado está vendiendo lo poco que queda de la empresa pública en detrimento tanto de los trabajadores como de los consumidores.
Todos aquellos que se opongan a cualquier recorte o vulneración de sus derechos laborales estarán sobreavisados con este estado de alarma. Y lo que es peor, la población civil, la ciudadanía, la clase trabajadora, alienada y puesta en contra de sus propios intereses. Y es que todo esto pone sobre la mesa otra de las estrategias derivadas del ataque contra la clase trabajadora: dividir y enfrentar a los distintos sectores laborales para vencer y seguir legislando en contra de ella. Y lo están consiguiendo.
Todos aquellos que se opongan a cualquier recorte o vulneración de sus derechos laborales estarán sobreavisados con este estado de alarma. Y lo que es peor, la población civil, la ciudadanía, la clase trabajadora, alienada y puesta en contra de sus propios intereses. Y es que todo esto pone sobre la mesa otra de las estrategias derivadas del ataque contra la clase trabajadora: dividir y enfrentar a los distintos sectores laborales para vencer y seguir legislando en contra de ella. Y lo están consiguiendo.
Diego Morales
